En el Diario del Alto Aragón, apareció publicada el 3 de febrero de 2023 la siguiente noticia:
Tres años en busca de un piso de alquiler sin éxito por ser gitano
Juan Carlos García, trabajador indefinido, denuncia discriminación por su etnia
En ella se relata el periplo de una familia de etnia gitana en Huesca que no encuentra piso de alquiler a pesar de cumplir los requisitos generales que se exigen a cualquier otra persona. En el último momento, cuando el arrendador descubre su etnia, se niegan a alquilar. Es un supuesto de la discriminación inmobiliaria, una situación cada vez más frecuente en nuestra sociedad según un estudio de SOS Racismo. Se trataría de un supuesto de discriminación directa.
Como hemos estudiado en el primer módulo del curso, el derecho a la no discriminación se encuentra regulado en muchos textos: art. 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, multitud de Convenciones Internacionales, art. 1 de la Constitución Española, Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres... El marco normativo es inmenso. La realidad étnico cultural de nuestro país es muy diversa y pese a ello todavía existe un gran abismo entre lo que se reconoce formalmente y lo que sucede realmente. Las políticas gubernamentales aplicadas no parecen ser suficientes para paliar este problema. Ejemplos como el de la noticia referenciada en el que a personas de etnia gitana se les trata de manera distinta que a otras personas, cumpliendo con los mismos requisitos son frecuentes.
En el supuesto del artículo se podría argumentar que son los propietarios de los inmuebles los que finalmente deciden a quién alquilan los inmuebles. En estas situaciones el principio a la libertad de contratación de una parte choca con el derecho a la no discriminación y el derecho fundamental a una vivienda digna. Me parece un problema de bastante difícil solución principalmente por la dificultad de probarlo, de hecho, como menciona el segundo artículo que he reseñado, por primera vez en 2022 se abrió un expediente por el Consistorio de Barcelona por un supuesto de discriminación inmobiliaria al exigir la nacionalidad española del arrendatario. En algunas ciudades españolas existen bolsas de vivienda que gestionan los ayuntamientos sirviendo de intermediarios entre los propietarios que ofrecen los pisos y los futuros arrendatarios. De ese modo, ofrecen la ventaja de garantizar siempre el pago de las mensualidades, que al fin y al cabo, es la mayor incertidumbre de los arrendadores.
No hay comentarios:
Publicar un comentario